El entorno de la regulación de las criptomonedas en América Latina es sin duda alguna muy amplio – sobre todo con el auge aún más popular de los NFT -, no obstante te traemos un resumen que te ayudara a mirar las tendencias legales por país.
Varias localidades internacionales de la zona han avanzado mucho en el establecimiento de normas de regulación.
En cambio, otros, como Bolivia, han querido seguir alejados de las operaciones con criptomonedas y las han prohibido.
Hasta ahora, América Latina carece de un marco regulatorio frecuente y completo para las criptomonedas.
La regulación de las criptomonedas en plena tendencia a el alza
El auge de la industria de las criptomonedas en América Latina ha sido de alta calidad en los últimos tres años, según publica la empresa Chainalysis en su Índice de Adopción Global de Criptomonedas. Esto ha llevado a los gobiernos a adoptar requisitos regulatorios extraordinarios para tratar de mantener esta empresa bajo supervisión y evitar que su manipulación se salga de control.
Por ello, los legisladores de los países en los que más ha proliferado la adopción y el uso de la propiedad digital, han estado proporcionando pagos que se encuentran en etapas únicas de discusión y aprobación. Hasta ahora, no existe un marco normativo frecuente y completo para las criptomonedas en la región, como correspondería a los organismos reguladores.
En los últimos 12 meses, la empresa de criptomonedas alcanzó una cantidad de mercado de más de tres mil millones de dólares. Este mercado sigue creciendo a medida que las monedas fiduciarias se devalúan con la inflación y dejan de satisfacer todas las necesidades de los usuarios del sistema económico.
Argentina
Se prevé que este país amplíe muy pronto las directrices sobre BTC y otras criptomonedas. Ya se ha introducido una partida en este sentido promovida a través de los diputados Liliana Schwindt y Marcos Cleri del partido Frente de Todos, que espera ser discutida.
El otro proyecto de ley sobre activos digitales fue presentado por el diputado Ignacio Torres, del partido Todos por el Cambio, que es recomendado por una serie de empresas de cambio cercanas. Más recientemente, el FMI solicitó al gobierno argentino que tomara medidas para “desalentar” el uso de criptomonedas, como parte del acuerdo de deuda firmado con el organismo de ahorro.
Argentina tiene la peculiaridad de que, a pesar de no contar ahora con un marco regulatorio para las criptomonedas, ya está ejerciendo un control fiscal sobre los activos digitales. Los exchanges y los proveedores de servicios de pago están obligados a informar de sus transacciones al organismo fiscal (AFIP).
Las operaciones con criptomonedas también deben pagar el Impuesto a las Ganancias, pero no el IVA, ya que este impuesto no está incluido en ninguna de las categorías impositivas autorizadas. Pero los intercambios sí tienen que pagarlo, en función totalmente de la cantidad de comisiones que les cuestan a los usuarios.
Bolivia
Este país fue el primero en prohibir las criptomonedas. En 2014, el Banco Central de Bolivia (BCB) acreditó la decisión del Consejo 044/14, que prohíbe el uso de criptomonedas privadas que no sean emitidas y reguladas por el gobierno.
El regulador argumentó que los Estados Unidos carecían de un marco regulador adecuado para supervisar las operaciones con criptomonedas. El BCB advirtió de los riesgos de las operaciones con criptodivisas dadas las estafas con esquemas Ponzi que se han mencionado en los estados unidos con las sociedades Bitcoin Cash y Pay Diamond.
Desde entonces, Bolivia se ha mantenido alejada del comercio de criptomonedas. Varias declaraciones y resoluciones del BCB han demostrado que la prohibición del dinero digital continuará.
Brasil
Hasta la fecha, se han añadido 4 pagos para modificar las criptomonedas. El objetivo común es atacar el blanqueo de dinero y diferentes actividades delictivas relacionadas con los activos digitales. Las propuestas criminales también intentan contribuir a la seguridad de los usuarios, a través del software del Código de Protección del Consumidor.
El proyecto de ley nº 3825 del senador Irajá Abreu, del Partido Socialdemócrata, unifica todas las diferentes propuestas antes presentadas. Su objetivo es crear un mercado transparente en el que se evite la evasión fiscal y el blanqueo de dinero.
Si se aprueba este proyecto de ley que promueve la minería a través de fuentes de energía suaves mediante el no cobro de impuestos a los mineros ecológicos, Brasil acabaría siendo el mayor regulador de Bitcoin en América Latina.
Colombia
El año pasado, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó una caja de arena reguladora para los negocios de criptomonedas. Las autoridades concurren con el estudio, la comercialización y las normas de la industria, en vista de su vertiginoso crecimiento. En este sentido, se ha publicado un registro con las indicaciones que la región pública debe seguir para su adopción.
Los sandboxes regulatorios consisten en espacios gestionados en los que se realizan comprobaciones piloto de nuevos modelos de negocio no regulados. La Superintendencia Financiera de Colombia considera que en ellos se puede generar un conocimiento de los espacios para la criptoempresa y las autoridades con el fin de potenciar la actividad.
Tras la aprobación en diciembre pasado de la Resolución 314 por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), las bolsas están obligadas a documentar las operaciones diarias de sus clientes. Recientemente, Binance ha iniciado pruebas piloto con bastantes bancos cercanos.
Cualquier transacción con BTC que supere los 150 dólares debe ser notificada a este patrón a partir del 1 de abril. El incumplimiento de esta norma presenta sanciones de multas por cantidades iguales a 100 y 400 salarios mínimos. El salario mínimo en Colombia es de 1.000.000 de pesos colombianos (260 dólares estadounidenses).
Chile
En noviembre, el senador Karim Bianchi presentó el proyecto de ley sobre el Bitcoin, que pretende crear un ecosistema de criptomonedas invulnerable y fiable para todos los actores. En otras palabras, protege a los clientes y a las empresas de la zona que participan en el mercado de divisas digital.
Según este proyecto de ley, la responsabilidad de regular los criptoactivos será del Banco Central de Chile. Las directrices pretenden reforzar la Unidad de Análisis Financiero para ampliar la lucha contra las actividades delictivas, junto con el lavado de dinero.
Las organizaciones portadoras de criptomonedas deberán estar bien formadas para ofrecer un producto de primera calidad a los usuarios.
Ecuador
El Banco Central de Ecuador pretende ajustar las operaciones con criptomonedas en los próximos meses. Su gerente de amplia difusión, Guillermo Avellán, declaró que el marco regulatorio buscará mantenerse alejado del riesgo de delitos asociados a las criptomonedas como las estafas y el lavado de dinero.
El organismo emisor será el encargado de hacer crecer este marco regulatorio. Una vez que esté listo, se presentará a la Junta Monetaria para su revisión. Las autoridades ecuatorianas también han aclarado que ya no diseñan convertir el BTC en billetes legales como hizo El Salvador. Pero admiten que el Estado tiene que modificar esta actividad.
La regulación de las criptomonedas en El Salvador en plena FIEBRE
Fue el primer país del mundo en eludir una ley para las operaciones ordinarias con Bitcoin (BTC) como moneda de curso legal. La Ley del Bitcoin, autorizada en septiembre de 2021, permite a los compradores y comerciantes comprar y promocionar artículos y servicios pagaderos en bitcoins.
El instrumento penal establece que la tasa de comercio BTC – dólar estadounidense será fijada por el propio mercado. Los salvadoreños pueden pagar sus impuestos con bitcoins y los agentes de retención están obligados a aceptar la moneda digital.
Además de la Ley del Bitcoin, existe un paquete de normas complementarias que abarcan todo el criptoecosistema. Entre ellas están el Reglamento de la Ley del Bitcoin, la Ley de Creación de Fideicomisos del Bitcoin y las Normas Técnicas para Facilitar la Participación de las Entidades Financieras en el Ecosistema del Bitcoin.
Asimismo, los legisladores aprobaron los Lineamientos para la Autorización de la Operación de la Plataforma Tecnológica de Servicios con Bitcoin y Dólares y las Normas Técnicas Transitorias sobre Medidas de Ciberseguridad e Identificación de Clientes en Canales Digitales.
Toda la política monetaria y financiera de la administración del presidente Nayib Bukele gira en torno al Bitcoin. Esta selección le ha valido bastantes críticas de organizaciones financieras como el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos.
México
En 2018, el gobierno mexicano aceptó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera o Ley Fintech. La ley obliga al Banco de México a crear un marco regulatorio para la industria de las criptomonedas y su hipervinculación con el sistema económico.
La regulación impide que los bancos y otras instituciones financieras transfieran las operaciones o los peligros asociados a las criptopertenencias al usuario que las abandona. Así que la ciencia de la cadena de bloques sólo puede utilizarse para actividades internas del sistema financiero.
Aunque el reglamento tampoco impide las actividades de las empresas de servicios con criptomonedas. Sólo necesitan estar registradas en el Sistema de Administración Tributaria e informar de sus operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar actividades delictivas.
Hasta ahora, la empresa no cuenta con un marco normativo extraordinario que regule la compra y venta de criptomonedas directamente. Mientras tanto, Banxico planea lanzar su CBDC, que deberá estar preparado para 2024.
Complicado panorama de regulación de las criptomonedas en Panamá
En el istmo, se han presentado tres pagos para modificar los activos digitales. Está la sugerencia presentada a través del legislador Gabriel Silva para modificar el Bitcoin y el Ether, que establece que las criptomonedas simbolizan una opción de cobro global generalizada en cualquier operación industrial.
También, la diputada Cenobia Vargas para la consideración del Congreso panameño de la factura 696 que recomienda regular BTC y Tether, así como otros bienes digitales como los tokens NFT y 7UT.
Anteriormente, el diputado suplente Rolando Rodríguez había presentado alguna otra factura para modificar las monedas digitales. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos del parlamento panameño tiene que hablar sobre si fusionar o no estos proyectos de ley o seleccionar uno de ellos y presentarlo para su diálogo y aprobación en el pleno de la Asamblea Nacional.
Paraguay
El Senado paraguayo admitió en diciembre una partida para regular las operaciones con criptomonedas. El concepto fue presentado por el senador Fernando Silva Facetti, del Partido Liberal Radical Auténtico, y otros dos legisladores del partido Hagamos.
La factura pretende garantizar la seguridad jurídica, económica y fiscal de las actividades comerciales asociadas a los activos digitales. Si se aprueba, las agencias de criptomonedas querrán inscribirse en el Registro de Proveedores de Activos Virtuales.
Aunque el proyecto de ley no reconoce ahora las criptomonedas como moneda de curso legal, sí considera la minería como una industria digital progresiva que puede adquirir incentivos estatales. Para que se convierta en ley, el concepto también debe ser permitido por la Cámara de Diputados y sancionado por el gobierno.
Los legisladores peruanos están debatiendo actualmente el proyecto de Ley Marco para la Comercialización de Criptoactivos. El concepto presentado por medio del diputado José Elías Avalos de la bancada de Podemos Perú propone dos puntos críticos.
Por un lado, la creación de un registro público de proveedores de criptomonedas. Por otro, la obligación de los organismos de documentar todas las “operaciones sospechosas” a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Según este proyecto de ley, ahora Perú tampoco reflexionará sobre la consideración de Bitcoin como gentilicio carcelario.
Uruguay
El uso de criptomonedas también ha acabado siendo muy amplio en este país. Con el fin de aumentar un marco regulatorio preciso para la criptoempresa y abrir una gran casa para el debate sobre sus beneficios, la Cámara Uruguaya de FinTech creó la Comisión de Criptomonedas en 2018.
El Banco Central del Uruguay (BCU) presentó que estaba leyendo el problema a través de un equipo de trabajo creado para este fin. A finales del año pasado, se publicó un documento titulado “Marco conceptual para la cura regulatoria de los Activos Virtuales en Uruguay”, en el que esbozaba su idea de la futura legislación del sector.
El documento define la propiedad digital como una “ilustración digital de derechos de coste o contractuales que pueden ser almacenados, transferidos y comercializados electrónicamente el uso de tecnologías de registro”.
Sin embargo, todo indica que las políticas reguladoras no recaerán ahora sobre la propiedad virtual en sí, sino sobre las ofertas asociadas al sector. De tal manera que la atención se dirigirá a las actividades comerciales de las bolsas y otras empresas de compraventa de criptomonedas.
Regulación de las criptomonedas en Venezuela
Después de que se permitiera el Decreto Constitutivo de Criptoactivos en 2018, Venezuela inició el camino hacia su regulación. El régimen venezolano no sólo quería manipular las criptomonedas, sino que también empezó a generarlas.
La minería de bitcoins buscaba mantenerse al margen de las sanciones impuestas con la ayuda de EEUU por la violación de los derechos humanos de los venezolanos. El gobierno de Nicolás Maduro ha intentado así mantener a flote el ruinoso sistema económico socialista del país.
Asimismo, con la recomendación de Rusia, creó el Petro, la primera criptomoneda emitida por medio de un Estado. El token estaría vinculado al precio del petróleo, pero en realidad acabó siendo una divisa digital cuya tasa se fija arbitrariamente con la ayuda de las autoridades a través del banco central.
El organismo regulador de las criptomonedas en Venezuela es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip). Su misión es regular todas las actividades y operaciones relacionadas con los criptoactivos. También se encarga de gestionar los sistemas de administración, las políticas y el registro de consumidores.
Los usuarios y las empresas de la zona deben inscribirse en el Registro Integral de Servicios de Criptoactivos (Risec), adscrito al organismo regulador. Mientras que las agencias de minería y las ofertas de compra y venta de criptomonedas deben hacerlo a través del Registro Integral de Mineros (RIM).
El pasado mes de febrero, la Asamblea Nacional y el gobierno autorizaron la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras que contempla las criptomonedas. Las operaciones con criptomonedas están gravadas con un impuesto que oscila entre el 2% y el 20%.
